Caso Neurona

Varapalo a Podemos y a la fiscal del ‘caso Neurona’: el juez prorroga la investigación

Podemos neurona
Montaje gráfico con el caso Neurona.

El juez que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha acordado ampliar la instrucción seis meses más. En un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO el magistrado acuerda fijar el nuevo plazo en contra del criterio de la Fiscalía y de Podemos, que se oponían a esta medida.

El juez basa su decisión en que todavía falta por practicar una pericial acordada dentro del actual plazo de instrucción. Señala Juan José Escalonilla que «el día 13 de enero de 2022 tuvo entrada en este Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid el Auto dictado por la Sección nº 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 11 de noviembre de 2021 en el que […] acuerda que se practique la testifical a Germán Cobos Pío y Waldemar Aguado Butanda». Por lo tanto, considera el magistrado,  «ha de procederse a acordar y remitir la pertinente comisión rogatoria a México, y la consiguiente práctica de la declaración de dichos dos testigos».

Interrogatorio a los socios chavistas

Fue la Audiencia Provincial de Madrid quien ordenó al juez del caso interrogar a los socios de la consultora chavista Neurona Consulting en México.

En un primer momento, el magistrado citó a Germán Cobos Pío y Waldemar Aguado Butanda, que declararían desde la embajada española en México. Sin embargo, ante la negativa de la Fiscalía de librar una comisión rogatoria al país mexicano, el juez decidió revocar su decisión y optó por no contar con el testimonio de estos dos testigos claves. Pero las acusaciones, entre ellas la acusación popular que ejerce Vox, recurrieron esta decisión ante la Audiencia Provincial que ordenó al titular Juzgado de Instrucción número 42 tomar declaración a los socios chavistas.

Ahora, el magistrado amplía la investigación con el fin de practicar las periciales acordadas y, de este modo, averiguar si se realizaron los supuestos trabajos durante la campaña electoral del 28 de abril de 2019 por los que Podemos pagó 363.000 euros o si, por el contrario y como sospecha la acusación popular,  «todo es ficticio».  Una decisión que toma en contra del criterio de la Fiscalía, que se oponía a dicha prórroga al considerar «acreditada la prestación del servicio».

También en contra de la decisión del juez se posicionaba Podemos. La formación morada, a quien un informe de la UDEF de la Policía Nacional acusaba de poner trabas en la investigación, argumentaba que «se han practicado diligencias más que suficientes para esclarecer los hechos denunciados», por lo que  «no hay justificación material ni legal alguna de acordar otra nueva prórroga, sino que se somete a las personas investigadas a dilaciones necesarias».  De este modo, el partido entonces liderado por Pablo Iglesias pretendía dar carpetazo a este caso sin que el juez hubiera antes agotado la instrucción.

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